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Académico de la ULagos sostiene que propuestas de financiamiento incluidas en el proyecto de Ley sobre Universidades del Estado “siguen siendo insuficientes”
El director del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional (PRIGO) de nuestra Cada de Estudios, Dr. Francisco Ganga Contreras, precisa además que iniciativa debe asegurar que las Universidades del Estado puedan mantener su independencia y autonomia.

  26/09/2017  


El académico y director del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional (PRIGO) del Departamento de Ciencias del Desarrollo de nuestra Cada de Estudios, Dr. Francisco Ganga Contreras, señaló, en conversación con el Senado Universitario de la U. de Chile, que las propuestas de financiamiento incluidas en el proyecto de Ley sobre Universidades del Estado “son un avance, pero siguen siendo insuficientes”.

De acuerdo con la iniciativa legislativa, recientemente ingresada al Parlamento, se facilitará a las 18 Universidades del Estado un préstamo con el Banco Mundial a 10 años plazo por 150 mil millones de pesos.

“Las universidades del Estado han vivido en un contexto de insuficiencia de recursos. Si se quiere tener universidades de clase mundial, hay que invertir, en función de atraer y preservar el talento humano de alto nivel”, aseguró.

En ese sentido, subrayó que “los aportes anunciados son un avance, pero siguen siendo insuficientes, es más, consolidan las asimetrías que existen entre las universidades ubicadas en la región Metropolitana, concretamente la U. de Chile y la U. de Santiago, y el resto de las regiones”.

Asimismo, el Dr. en Administración de Empresas y en Gestión Estratégica, recalcó que “la cifra de los 150 mil millones es menor al 10% de los presupuestos anuales de todas las instituciones públicas (9,43 %), o sea, si lo dividimos por los 10 años, es inferior al 1% (0,943%) del presupuesto del sistema público; por ende, estamos hablando de una cifra casi testimonial, o al menos, muy exigua”.

A su vez, precisó que el proyecto de Ley debe poner el acento en el “buen gobierno” de las universidades, teniendo en cuenta que ello viabilizaría el uso eficiente de los recursos que se pretendan inyectar.

Respecto al estatuto funcionario, el Dr. Ganga aclaró que el proyecto de Ley da libertad a cada institución para determinarlo.

“Aquí lo relevante es asegurar que la meritocracia académica -y no el amiguismo, el nepotismo u otras malas prácticas que pudiesen surgir- siempre sea respetada y reconocida; no obstante, algo se debe decir respecto de la gran cantidad de contratos precarios que se han estado instalando en las universidades estatales, lo cual no sólo atenta contra la dignidad del individuo, sino también contra el pensamiento crítico, la libertad y la autonomía de las personas”, enfatizó.

Independencia y autonomía

Del mismo modo, el académico aseguró que la iniciativa debe asegurar que las Universidades del Estado mantengan su independencia y autonomía.

“Si se quiere mantener independencia y libertad en los procesos de transferencia y generación de saberes, la autonomía de las universidades se transforma en un imperativo”, indicó, y agregó que “la universidad pública, debería moverse en un espacio donde existan garantías suficientes para desarrollar su misión sin la presión del poder político, ideológico y privado”.

Por otro lado, el Dr. Ganga descartó que el nuevo Consejo Superior que propone la iniciativa legislativa para cada Universidad del Estado sea un cambio relevante. El Consejo Superior estará integrado por el rector, tres representantes del Presidente de la República, tres académicos nombrados por el Consejo Universitario y dos profesionales de la región donde se encuentra ubicada la institución.

“Es cierto que han surgido, y con justa razón, voces criticando fuertemente estas disposiciones; sin embargo, en ese punto la realidad muestra que el escenario no es muy distinto al de la mayoría de las instituciones estatales chilenas actualmente”, sostuvo.

Igualmente, criticó que en la iniciativa se mantenga cómo se eligen los directivos de los planteles.

“Estimo que también se debiese meditar respecto de la forma en cómo se eligen los máximos directivos, dado que el proyecto no modifica la ley 19305 de 1993 en esta materia y, por tanto, persisten las mismas reglas de elección de pares para el cargo de rector”, dijo.

Finalmente, el académico aclaró que el proyecto de Ley es un avance. “Todos los que creemos en la educación pública, estaremos de acuerdo que definitivamente esta iniciativa legislativa representa un evidente avance”, comentó.

No obstante, puntualizó, “siento que lo que ha faltado es una adecuada planificación que hubiese permitido una reflexión y debate más acabado sobre la materia. Habría sido relevante analizar temas como la paridad de género en el gobierno universitario, y la participación de otros grupos de interés, como estudiantes, funcionarios administrativos, egresados, organizaciones sociales, etc.”.

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